El sector universitario argentino atraviesa una nueva etapa de conflicto tras la confirmación de un paro docente universitario de 48 horas, acompañado de movilizaciones y medidas de fuerza en todo el país. La convocatoria, liderada por la CONADU Histórica y respaldada por gremios locales como ADUM en Mar del Plata y Adiuc en Córdoba, responde a la demanda de mejoras salariales y al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El paro, que tendrá lugar el 27 de febrero y el 2 de marzo, se enmarca en el rechazo a la reforma laboral y al paquete de leyes impulsado por el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. Los gremios docentes denuncian una pérdida de hasta el 50% del poder adquisitivo desde la asunción del actual gobierno y advierten que la nueva ley presupuestaria podría profundizar la crisis salarial, con una pérdida estimada de 38 puntos adicionales.

En asambleas realizadas en distintas universidades, como la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Córdoba, se resolvió acompañar las jornadas de paro y movilización convocadas por la CTA y otras centrales sindicales. Además, se propuso la realización de paros de una semana por mes durante el primer cuatrimestre, en caso de que el Congreso avance con la reforma laboral y el nuevo proyecto de financiamiento universitario.

Las actividades incluyen asambleas, ollas populares y la instalación de carpas itinerantes para visibilizar el conflicto. "Nosotros para funcionar necesitamos la ley", afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien defendió la ley vigente y acusó al Ejecutivo de no cumplirla. Por su parte, la Conadu Histórica subrayó en un comunicado la necesidad de "defender nuestros derechos laborales y nuestros salarios".

El conflicto universitario se da en un contexto de ajuste presupuestario nacional y de debates recurrentes sobre el financiamiento de la educación superior y los derechos laborales docentes. El movimiento universitario, que ya protagonizó tomas y huelgas en años anteriores, vuelve a mostrar capacidad de organización y resistencia. Mientras tanto, sectores afines al gobierno buscan contener las protestas, y los gremios llaman a fortalecer la unidad en defensa de la universidad pública y gratuita. El desenlace del conflicto dependerá de la evolución de las negociaciones y del tratamiento legislativo de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.