La reciente adquisición de 24 aviones F-16 por parte del gobierno argentino ha desatado una controversia pública entre el canciller Pablo Quirno y el diplomático Héctor Rogelio Torres, exdirector del Fondo Monetario Internacional y miembro del Servicio Exterior de la Nación. El debate se intensificó tras la exhibición oficial de los cazas en la Ciudad de Buenos Aires, donde Torres utilizó la red social X para cuestionar la conveniencia de la compra y la calidad de las aeronaves, señalando que Dinamarca, país vendedor, está reemplazando estos aviones por modelos más modernos como los F-35.

En sus publicaciones, Torres expresó: “Dinamarca nos vende F16 y compra F35, y nosotros nos emocionamos...”, y luego agregó: “Dinamarca reemplaza F-16 x F-35. Nosotros los compramos y sentimos emoción patriótica. Triste”. Además, planteó dudas sobre la falta de objeciones del Reino Unido a la operación, sugiriendo que esto podría ser motivo de análisis. La respuesta del canciller Quirno no se hizo esperar y, también a través de X, le recordó a Torres que, como miembro del Servicio Exterior, debía actuar conforme a su posición o renunciar a la misma. “Aún siendo pasivo, debería: actuar según su posición, no usarla para describirse o renuncie a la misma”, reclamó Quirno.

La polémica se trasladó así del ámbito privado al público, algo poco habitual en la diplomacia argentina. Finalmente, Torres respondió de manera conciliatoria: “Estimado Canciller, en el desafortunado mensaje que dio lugar a su respuesta compartí un sentimiento personal. No fue una crítica a la política exterior que usted dirige. De todas formas, acepto y acato su reprimenda”.

La compra de los F-16, que incluye armamento, simuladores, motores y repuestos para cinco años, representa una inversión de aproximadamente 650 millones de dólares. El traslado de los primeros seis aviones se realizó desde Dinamarca, con escalas en España, las Islas Canarias y Brasil, antes de llegar a Argentina. El gobierno defiende la operación como un paso fundamental para modernizar la Fuerza Aérea y garantizar la defensa nacional, mientras que sectores críticos cuestionan la pertinencia de adquirir material militar usado y la capacidad técnica para su mantenimiento.

El episodio refleja el clima de debate sobre la política de defensa y la transparencia en las decisiones estratégicas, en un contexto de renovación de la infraestructura militar y de búsqueda de mayor autonomía operativa. Las reacciones de diplomáticos y funcionarios muestran la tensión entre la institucionalidad y la libertad de expresión dentro del servicio exterior, anticipando posibles discusiones futuras sobre el rol de los diplomáticos en la esfera pública.