El conflicto por los traslados y reemplazos de jueces federales en Argentina sumó un nuevo capítulo esta semana, cuando los magistrados Leopoldo Bruglia y Germán Castelli solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Suprema para frenar los concursos que buscan cubrir sus cargos en la Cámara Federal porteña y el Tribunal Oral Federal N°7, respectivamente.

Bruglia presentó una medida cautelar ante la CIDH para suspender el Concurso N° 461, que apunta a cubrir dos vacantes en la Sala I de la Cámara Federal, actualmente ocupadas por él y su colega Pablo Bertuzzi. En paralelo, Castelli envió una carta al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y al Consejo de la Magistratura, solicitando la nulidad de los concursos que podrían apartarlo de su cargo.

Ambos jueces argumentan que el Consejo de la Magistratura aplica de manera selectiva el fallo “Bertuzzi” de 2020, dictado por la Corte Suprema, que estableció que los traslados de jueces son provisorios hasta que las vacantes sean cubiertas por concurso. Según los magistrados, esta interpretación se utiliza en su contra, mientras que en otros casos, como el del juez Carlos Mahiques, se permitió la prórroga del cargo sin concurso previo.

El conflicto tiene antecedentes en los traslados realizados durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron designados en sus actuales cargos sin concurso. En 2020, la Corte Suprema resolvió que estos traslados no equivalen a una designación definitiva, pero permitió que los jueces permanezcan en sus funciones hasta que se realicen los concursos correspondientes.

La situación se agravó en 2026 tras cambios en el Ministerio de Justicia y en el Consejo de la Magistratura, que aceleraron los procesos de selección para cubrir las vacantes. Los jueces afectados denuncian discriminación, persecución política y una amenaza a la independencia judicial. "Se trata de una fatal contradicción en perjuicio del sistema republicano, traducida en discriminación y persecución", afirmó Castelli en su escrito.

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti advirtió públicamente que la aplicación selectiva de concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad institucional. El gobierno y el Consejo de la Magistratura, en tanto, sostienen que actúan conforme a la ley y a los fallos judiciales vigentes.

El desenlace de este conflicto podría tener implicancias profundas para la estabilidad del Poder Judicial y la percepción de independencia de los jueces en Argentina.