Cipolletti se convirtió en la primera ciudad del Alto Valle de Río Negro en establecer un marco normativo para el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones de transporte. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que regula la actividad, diferenciando las obligaciones de empresas, titulares de vehículos y conductores, y equiparando los requisitos de los choferes de apps con los de los taxistas.

La nueva normativa exige que las empresas de plataformas como Uber y Cabify se inscriban ante el municipio, acrediten su situación legal, constituyan domicilio comercial en la ciudad y abonen un canon anual de 10 millones de pesos. Además, deberán garantizar sistemas de evaluación de conductores y someterse a la jurisdicción local. No habrá límite en la cantidad de vehículos habilitados.

Por su parte, los conductores deberán contar con carnet profesional, seguro, y vehículos con menos de siete años de antigüedad, entre otros requisitos. El municipio otorgará una oblea con código QR para identificar a los vehículos y conductores habilitados. Los choferes tendrán un plazo de gracia para cumplir con las nuevas exigencias, y un mismo auto podrá estar asignado a hasta cuatro conductores.

La ordenanza también introduce cambios en el régimen tarifario de los taxis, eliminando el minuto de espera para acercar los valores a los de las aplicaciones. Los taxistas que utilicen apps no deberán pagar doble canon y se prorroga la antigüedad permitida de los vehículos para facilitar la adaptación al nuevo marco regulatorio.

Durante la sesión, choferes de aplicaciones valoraron la regularización, aunque solicitaron plazos para cumplir los requisitos. Los taxistas, por su parte, expresaron algunas preocupaciones pero no se opusieron a la medida. Las autoridades municipales destacaron que la regulación busca garantizar igualdad de condiciones, seguridad para los usuarios y modernización del sistema de transporte local.

Con esta decisión, Cipolletti responde a una demanda social creciente y se posiciona como referente normativo en la región, estableciendo reglas claras para una actividad que ya se desarrollaba de manera informal. La medida podría tener impacto en la cantidad de choferes ocasionales y en las tarifas, pero apunta a brindar mayor seguridad y transparencia tanto para trabajadores como para usuarios.