El Gobierno nacional oficializó, mediante la publicación en el Boletín Oficial del 13 de noviembre de 2025, la homologación del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). El acuerdo, firmado originalmente el 30 de junio y reabierto el 23 de julio de este año, establece la prórroga de la entrada en vigencia de varias disposiciones clave para el empleo público nacional hasta el 30 de noviembre de 2025.

La medida afecta la implementación del Régimen de Dirección Pública, así como la incorporación y derogación de artículos específicos en el convenio colectivo sectorial. Según el decreto, "hasta tanto se efectúe una revisión integral y se evalúen los mecanismos necesarios para proceder a la implementación del Régimen de Dirección Pública", se mantendrán vigentes las disposiciones anteriores, con las modificaciones que hayan tenido lugar.

El proceso de negociación involucró al Ministerio de Capital Humano y a representantes del personal público, en cumplimiento de la Ley de Negociaciones Colectivas de la Administración Pública Nacional. La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público emitió dictamen favorable, sin objeciones, y la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales (CoPAR) concluyó que "las disposiciones contenidas en el Acta Acuerdo son compatibles con las previsiones introducidas por el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional".

El decreto también faculta a la Comisión Técnica Asesora para dictar normas aclaratorias y complementarias que surjan de la aplicación de la medida. El gobierno subrayó el cumplimiento de los requisitos legales y la intervención de los organismos técnicos y jurídicos pertinentes.

Este acuerdo se considera una medida transitoria que busca garantizar la estabilidad laboral y administrativa en el sector público nacional, mientras se revisan y evalúan los mecanismos de dirección pública y otras reformas estructurales. La prórroga permitirá a las partes continuar trabajando en la adecuación de las normativas y estructuras antes de la entrada en vigencia definitiva de los cambios acordados.