La Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata revocó este viernes la sentencia que obligaba al Instituto Albert Einstein a rematricular a un alumno para el ciclo lectivo 2026. La decisión, tomada por los jueces Ricardo Monterisi y Rodrigo Cataldo, responde a un recurso de apelación presentado por el establecimiento educativo tras el fallo de la Justicia de Familia del 1 de junio.

Según la resolución, la cuestión central no era el derecho a la educación, sino determinar si la negativa de rematriculación constituía un acto arbitrario o ilegal. Los jueces concluyeron que la decisión del colegio estuvo respaldada por un proceso documentado de seguimiento y acompañamiento institucional ante dificultades conductuales del alumno, que se extendieron durante varios ciclos lectivos. "La negativa de rematriculación no fue intempestiva ni infundada, sino que se basó en antecedentes concretos y conocidos por la familia", señalaron en el fallo.

El expediente incluyó registros de incidencias, entrevistas con los padres, reuniones institucionales y estrategias para revertir los comportamientos observados. Además, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires intervino para buscar alternativas de escolarización, aunque la familia del alumno optó por esperar la resolución judicial antes de considerar otras opciones.

El informe de la DIEGEP respaldó la actuación del colegio, indicando que las intervenciones fueron acordes a la normativa vigente y orientadas al cuidado de los estudiantes. Los jueces descartaron la existencia de motivos discriminatorios o persecutorios en la decisión institucional, subrayando que la medida se sustentó en antecedentes concretos y no en arbitrariedad.

Antes de emitir su voto, el juez Monterisi advirtió sobre la importancia de considerar las consecuencias colectivas de las decisiones judiciales en el ámbito escolar, destacando la necesidad de abordar la violencia escolar de manera integral. Finalmente, la Cámara impuso las costas del proceso al amparista vencido y rechazó el recurso para obtener la rematriculación del alumno, sentando un precedente sobre los límites de la intervención judicial en decisiones pedagógicas y disciplinarias de las instituciones educativas.