El caso de Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia tras ser restituido a la custodia de su madre, ha generado una profunda conmoción en la sociedad argentina y reavivado el debate sobre la responsabilidad de los profesionales y el sistema judicial en la protección de la infancia. La Fundación Más Vida presentó una denuncia penal contra las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, quienes elaboraron los informes que resultaron determinantes para que la Justicia otorgara la tenencia de Ángel a su madre, Mariela Altamirano, actualmente detenida junto a su pareja por el crimen del menor.

Según la denuncia, las profesionales habrían incurrido en violación de los deberes de funcionario e informe falso, al no realizar un informe ambiental que podría haber alertado sobre las graves falencias en el entorno donde vivía la madre de Ángel. Además, se señala que las decisiones se tomaron por criterios ideológicos y no por el interés superior del niño. "Creemos que tomaron la decisión por cuestiones ideológicas y así forzaron la revinculación", manifestaron desde la fundación.

El padre de Ángel, Luis López, relató que sus advertencias y pruebas, incluyendo un video donde el niño expresaba su negativa a vivir con su madre, fueron ignoradas por las autoridades y desestimadas por la psicóloga a cargo. "La psicóloga se reía de mí. Me dijo ‘me gusta tu violencia’", denunció el padre en declaraciones públicas.

El caso ha generado una fuerte repercusión nacional, con movilizaciones y pedidos de reforma en el sistema de pericias y juzgados de familia. Bajo la consigna “lo mataron con decisiones judiciales”, organizaciones y familiares convocaron a una marcha en el Obelisco para exigir mayor control y medidas de prevención.

Especialistas y periodistas advierten que este caso no es aislado y que existen antecedentes de pericias cuestionadas y decisiones polémicas en otros puntos del país. Se plantea la necesidad urgente de recuperar el criterio profesional y el foco en el bienestar del menor, evitando que doctrinas o prejuicios condicionen decisiones que pueden tener consecuencias irreparables. El debate sobre la ética profesional y la independencia de las pericias vuelve a estar en el centro de la agenda pública, con el objetivo de evitar que tragedias como la de Ángel se repitan en el futuro.