A 50 años del golpe de Estado de 1976, Argentina realiza un balance sobre el avance de la justicia en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Desde la reapertura de los juicios en 2006, los tribunales del país han dictado 361 sentencias, condenando a 1.231 personas y absolviendo a 250, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Sin embargo, persisten desafíos: actualmente, 504 personas están detenidas por estos delitos, pero más del 84% cumple arresto domiciliario, y solo 18 permanecen en cárceles comunes. Además, 1.582 investigados o condenados se encuentran en libertad y existen 33 prófugos.

La Corte Suprema de Justicia ha tenido un rol central, dictando casi 2.000 sentencias desde 2004. Entre los fallos más relevantes se encuentra la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final en 2005, lo que permitió avanzar con los juicios. Otro hito fue el fallo "Simón", que estableció la imprescriptibilidad de estos delitos. Sin embargo, la aplicación del beneficio del "2x1" en 2017 a represores generó un masivo repudio social y político, lo que llevó al Congreso a sancionar una ley que excluyó a los delitos de lesa humanidad de ese beneficio. Posteriormente, la Corte revirtió su postura en 2018.

El contexto histórico muestra que la represión durante la dictadura se organizó de manera clandestina, mientras el régimen intentaba dotar de legalidad a sus decisiones. El Juicio a las Juntas de 1985 fue un hito reconocido por la Corte Suprema, que en 2025 homenajeó a los jueces que lo llevaron adelante. Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, impulsadas desde el gobierno de Néstor Kirchner, permitieron la reapertura de los juicios y el avance en la condena de responsables.

No obstante, organismos de derechos humanos advierten sobre el riesgo de impunidad, especialmente por el uso extendido del arresto domiciliario y la lentitud en la resolución de causas pendientes. El sector civil implicado en el terrorismo de Estado permanece mayormente impune, y persisten reclamos por la identificación de los desaparecidos y la restitución de nietos apropiados. La sociedad argentina continúa mostrando un fuerte compromiso con la memoria y la justicia, exigiendo que los crímenes no queden sin castigo.