El excomisario mayor retirado de San Juan, Manuel Adalberto Torres, fue denunciado por su pareja tras protagonizar dos episodios de violencia física durante el fin de semana en Caucete. Según fuentes judiciales, la víctima logró comunicarse con el 911 luego de la segunda agresión, lo que motivó la intervención policial. Torres intentó huir en su vehículo, pero fue interceptado tras una persecución sobre la Ruta Nacional 20, en las inmediaciones del puente que conecta los departamentos de Caucete y 9 de Julio.

El acusado fue imputado por lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. Sin embargo, la causa no llegó a juicio: la jueza Gema Guerrero, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, le otorgó la suspensión de juicio a prueba (probation) por un año. Como condiciones, Torres deberá cumplir 80 horas de trabajo comunitario, realizar una reparación simbólica y mantener una distancia mínima de 300 metros respecto de la víctima. La probation fue posible por la ausencia de antecedentes penales y el consentimiento de la denunciante.

El proceso judicial estuvo marcado por la polémica, ya que la prensa fue impedida de ingresar a la audiencia pública. Personal policial alegó confusión de identidad para justificar la restricción, lo que generó críticas de medios locales y cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento. No es la primera vez que se reportan obstáculos al trabajo periodístico en audiencias de Flagrancia en San Juan, lo que ha motivado reclamos por parte de periodistas y organizaciones de prensa.

El caso vuelve a poner en debate la respuesta judicial ante la violencia de género y la importancia de garantizar tanto la protección de las víctimas como el acceso a la información pública. La resolución judicial, aunque ajustada a derecho, reaviva la discusión sobre la efectividad de las medidas alternativas y la necesidad de fortalecer la transparencia en los procesos judiciales relacionados con violencia de género.