La Justicia laboral argentina tramita un amparo colectivo contra la empresa de transporte La Nueva Chevallier, tras denuncias de discriminación de género en la contratación de choferes de colectivos. La demanda fue presentada por María Dolores Guldris, una conductora profesional de Rosario, quien asegura que, pese a aprobar todas las evaluaciones requeridas, no fue contratada junto a otras mujeres que también superaron las pruebas. Según la denuncia, todos los puestos vacantes fueron cubiertos por varones.

El caso, respaldado por la Defensoría General de la Nación, se inició en abril y en septiembre la jueza laboral Stella Maris Vulcano ordenó inscribir la acción en el Registro Público de Procesos Colectivos. Recientemente, la Defensoría comenzó a difundir el caso para identificar a otras mujeres que hayan atravesado situaciones similares. Guldris relató que, tras ser contactada por la empresa a través de una publicación en LinkedIn, fue sometida a una evaluación psicológica y una prueba de manejo, ambas superadas con éxito. Sin embargo, ni ella ni otras tres mujeres que participaron del proceso fueron contratadas, mientras que los puestos disponibles fueron ocupados exclusivamente por hombres.

Un informe de la AFIP presentado en la causa reveló que en 2023 La Nueva Chevallier contrató a 70 hombres y ninguna mujer como choferes. "Todas estas situaciones me llevan a sospechar que la decisión que adopta la empresa para contratar a choferes está sesgada en razones de género", afirmó Guldris en su presentación. El defensor público Sebastián Tedeschi explicó que el amparo colectivo incluye a todas las mujeres del país que hayan pasado por situaciones similares y que el objetivo es que la empresa incorpore al menos un 30% de mujeres como choferes.

El sector del transporte en Argentina es uno de los más masculinizados: según datos oficiales, solo el 7% de los puestos en transporte automotor y ferroviario son ocupados por mujeres, y en el caso de choferes de colectivos, la cifra desciende al 0,25%. El caso busca sentar un precedente y visibilizar la desigualdad de género en el sector, mientras la Justicia avanza en la investigación y la empresa deberá demostrar que no incurre en prácticas discriminatorias.