La Justicia federal argentina avanza en una investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones estatales y posibles conflictos de interés relacionados con la empresa de su esposa, Bettina Angeletti. La causa, radicada en el juzgado de Ariel Lijo y con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, se originó tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

El expediente judicial se centra en determinar si el Gobierno favoreció a determinadas empresas tecnológicas en licitaciones millonarias, especialmente en un proceso de 2025 para servicios de mensajería masiva adjudicado a ATX S.A. por más de 3.650 millones de pesos. Según la denuncia, las empresas que participaron en la compulsa —ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.— tendrían vínculos societarios y compartían domicilios legales, lo que podría indicar una simulación de competencia.

Además, se investiga la existencia de sobreprecios en los servicios contratados, ya que el valor por SMS habría aumentado de USD 0,045 a USD 0,076 en comparación con otras licitaciones estatales. Otro eje de la causa es la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti, que tendría como clientes a importantes contratistas del Estado, como Grupo Foggia, Datco y National Shipping S.A. Este último vínculo cobra relevancia porque Adorni fue designado director titular de YPF en enero de 2026.

El fiscal Stornelli solicitó una serie de medidas de prueba, incluyendo la revisión de expedientes administrativos, legajos societarios de siete empresas tecnológicas y documentación sobre la concesión del predio de Tecnópolis, valuada en 183,3 millones de pesos. También pidió informes para identificar a los verdaderos beneficiarios de las contrataciones y verificar si existió un esquema de cartelización.

Las figuras penales bajo análisis incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Por el momento, la causa está en etapa preliminar y las medidas solicitadas deberán ser autorizadas por el juez Lijo. En paralelo, Adorni enfrenta otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El caso pone en debate la transparencia de las contrataciones públicas y la posible existencia de mecanismos para beneficiar a empresas vinculadas al entorno familiar de funcionarios. Si las sospechas se confirman, la investigación podría derivar en imputaciones formales y un mayor escrutinio sobre la gestión actual.