El presidente Javier Milei intensificó la agenda legislativa tras los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, donde se reunió con 13 gobernadores en un gesto de respaldo institucional. Sin embargo, las negociaciones para aprobar las reformas clave propuestas por el Gobierno aún enfrentan diferencias significativas entre los distintos sectores políticos.

Entre los principales proyectos impulsados por el Ejecutivo se encuentran la modificación del Régimen de Zona Fría, que busca focalizar los subsidios energéticos en los hogares de menores ingresos, y la reforma electoral, que contempla la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de la figura de Ficha Limpia para candidatos. Además, el Gobierno planea modificar la Carta Orgánica del Banco Central para impedir que la entidad financie al Tesoro y enviar una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, destinada a facilitar la bancarización de ahorros informales.

Las negociaciones, lideradas por Patricia Bullrich y Diego Santilli, se centran en reunir los consensos necesarios con gobernadores y bloques dialoguistas. No obstante, persisten diferencias sobre la eliminación de las PASO y la posibilidad de habilitar listas colectoras, lo que refleja la complejidad del escenario político actual. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la reforma del Banco Central es prioritaria para garantizar la estabilidad monetaria y evitar el financiamiento del déficit fiscal.

El impacto de la reforma de Zona Fría sería significativo en la provincia de Buenos Aires, donde 55 ciudades dejarían de recibir el beneficio, así como en localidades de Córdoba y Santa Fe. El oficialismo sostiene que la ley vigente desde 2021 amplió excesivamente el universo de beneficiarios, incrementando el gasto público.

En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel busca consolidar un espacio político propio, lo que añade incertidumbre sobre la solidez de las alianzas dentro del oficialismo. Mientras tanto, la oposición dialoguista mantiene una postura expectante y exige modificaciones a los proyectos presentados.

El Senado debatirá las iniciativas en agosto, tras el receso invernal, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027 y la necesidad de definir acuerdos políticos duraderos.