El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación judicial tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien lo acusa de presunto enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses y omisión en su declaración patrimonial. La denuncia, radicada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, apunta principalmente a la relación entre la consultora +BE, propiedad de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, y diversas empresas que mantienen contratos con el Estado nacional.

Según la presentación, la consultora habría brindado servicios a la naviera National Shipping SA, empresa contratista de YPF, donde Adorni se desempeña como director. Los servicios, realizados antes de la designación de Adorni en YPF, habrían alcanzado un monto total de $6.370.000. Además, la denuncia señala la existencia de un "circuito triangular de flujos económicos" entre la consultora, la naviera y la petrolera estatal, lo que podría configurar un conflicto de intereses.

El expediente también incluye cuestionamientos sobre la concesión del predio de Tecnópolis y la relación de la consultora con empresas interesadas en la licitación, así como con otras firmas que prestan servicios a organismos estatales bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Entre los organismos mencionados figuran ARCA, AySA, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos.

La denuncia fue ampliada tras detectarse una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que no habría sido incluida en la declaración jurada de Adorni. Las expensas del lote figuran a nombre de Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial no informado ante la Oficina Anticorrupción. El valor de la propiedad y las expensas mensuales superan ampliamente los ingresos declarados por el funcionario.

A esto se suman gastos con tarjeta de crédito atribuidos a la pareja, que según información difundida por periodistas y medios, habrían alcanzado cifras muy superiores al salario de Adorni. El funcionario negó públicamente las acusaciones y aseguró que sus consumos están protegidos por ley.

El caso se desarrolla en un contexto de fuerte ajuste económico y reclamos de austeridad por parte del gobierno, lo que ha generado un fuerte contraste entre el discurso oficial y las denuncias de presuntos privilegios y corrupción. La investigación judicial deberá determinar si existieron incompatibilidades, irregularidades administrativas o delitos en las acciones del jefe de Gabinete. El escándalo se suma a otras polémicas recientes que afectan al oficialismo y reaviva el debate sobre la transparencia y el control de los funcionarios públicos.