Argentina vivió en 2025 el año más crítico para la libertad de prensa desde que existen registros, según el informe anual del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). El relevamiento documentó 278 agresiones contra periodistas, medios y entidades de prensa, lo que representa un aumento del 55% respecto al año anterior y marca el nivel más alto en 18 años de monitoreo.

El presidente Javier Milei fue señalado como el principal responsable individual, con 119 ataques registrados, entre discursos estigmatizantes, insultos públicos y acciones judiciales. "No odiamos lo suficiente a los periodistas" se convirtió en una consigna reiterada desde la máxima autoridad del país, generando preocupación entre organizaciones y profesionales del sector.

El informe detalla que más del 84% de los ataques provinieron de violencia estatal o paraestatal, incluyendo funcionarios, fuerzas de seguridad y actores vinculados al gobierno. El hostigamiento judicial mostró un crecimiento del 150%, mientras que los ataques a la integridad física y psíquica de los periodistas superaron el 20% del total. Entre los casos más graves figura el del fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad por el disparo de una granada de gas lacrimógeno durante la cobertura de una protesta frente al Congreso.

La Ciudad de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de agresiones, seguida por la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones. Además, el cierre de la sala de prensa en la Casa Rosada y la creación de una Oficina de Respuesta Oficial fueron interpretados como señales de mayor restricción al acceso a la información pública.

Fernando Stanich, presidente de FOPEA, advirtió: "El poder político y judicial ha decidido cerrar filas contra la fiscalización. El Estado utiliza su arquitectura para asfixiar: el hostigamiento judicial y la exclusión de la pauta oficial funcionan como un cepo silencioso, que busca la autocensura, antes que el debate". Claudio Jacquelin, vicepresidente de la entidad, agregó: "La absoluta mayoría de los ataques fueron originados por el Poder Ejecutivo Nacional y por el propio Presidente de la Nación".

El informe también resalta la preocupación por la dependencia de los medios de la pauta oficial, la precarización laboral y el impacto de la violencia digital. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras han advertido sobre el retroceso de la libertad de prensa en Argentina, que descendió 11 posiciones en el ranking global.

El escenario plantea desafíos crecientes para el ejercicio del periodismo y la calidad democrática en el país, en un contexto de hostilidad institucional y presión sobre la labor informativa.