El Gobierno nacional enfrenta crecientes dificultades para avanzar con su proyecto de reforma electoral, que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la habilitación de listas colectoras. La iniciativa, impulsada desde la Casa Rosada y liderada por Karina Milei, busca consolidar el liderazgo de Javier Milei de cara a las elecciones de 2027, pero ha generado un fuerte rechazo entre aliados clave como el PRO, la UCR y gobernadores provinciales.

Patricia Bullrich, referente del PRO, reiteró su oposición a la implementación de colectoras, argumentando que "deforman el sistema electoral" y advirtiendo que no existe consenso suficiente en el Senado para aprobar la reforma. "No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor", reconoció Bullrich, aunque insistió en la necesidad de resolver las internas partidarias sin recurrir a mecanismos que, según su visión, podrían concentrar el poder en el oficialismo.

El oficialismo, por su parte, sostiene que la eliminación de las PASO y la habilitación de colectoras permitirían ordenar el sistema electoral y facilitar acuerdos con aliados. Sin embargo, legisladores como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI) advierten sobre una "rendición incondicional" de los aliados al liderazgo de Karina Milei y critican la falta de pluralidad y debate en torno a la reforma. Ferraro también cuestionó la estrategia de negociación del Gobierno, que vincula apoyos legislativos con fondos para las provincias y la discusión del presupuesto 2027.

En este contexto, los gobernadores se han convertido en actores clave para destrabar las negociaciones en el Congreso. Si bien algunos muestran disposición al diálogo, persisten las dudas sobre el impacto de la reforma en la representación política y la capacidad de negociación de las provincias. La discusión sobre la reforma electoral se da en un escenario de alta polarización y con la mirada puesta en las próximas elecciones presidenciales.

El futuro del proyecto dependerá de la capacidad del oficialismo para alcanzar consensos y de la respuesta de la oposición, que insiste en la necesidad de preservar la pluralidad y evitar cambios que puedan beneficiar desproporcionadamente al Gobierno. Mientras tanto, el debate continúa abierto y sin una definición clara en el Congreso.