Un grave escándalo de corrupción sacudió a la Policía de Tucumán tras descubrirse que presos eran sacados de la comisaría para trabajar como albañiles en una vivienda privada vinculada a un alto jefe policial. La investigación se inició a partir de denuncias anónimas recibidas por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien informó de inmediato al gobernador Osvaldo Jaldo. Ambos ordenaron una pesquisa que confirmó la presencia de detenidos y policías realizando tareas de construcción en una casa de veraneo en El Cadillal.

La reacción oficial fue inmediata. El gobernador dispuso la baja definitiva del jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, y su segundo, Sergio Juárez, mediante un decreto que calificó sus conductas como "incompatibles con la función policial y gravemente lesivas de la confianza pública". La sanción implicó la expulsión directa de la fuerza, sin posibilidad de jubilación en el corto plazo. Además, la fiscal Mariana Rivadeneira ordenó la detención de Beltrán y Juárez, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación reveló que al menos cuatro presos, condenados por delitos graves, eran trasladados en patrulleros oficiales para trabajar en la obra, en violación de las disposiciones judiciales que establecen que los penados deben permanecer en cárceles provinciales. Los policías que los acompañaban también participaban en las tareas de construcción, cuando debían estar cumpliendo funciones de seguridad o administrativas.

El ministro Agüero Gamboa y el jefe de Policía, Joaquín Girvau, expresaron su repudio y anunciaron una auditoría interna y la revisión de todas las jefaturas regionales. "No podemos tolerar ninguna de estas situaciones que dañan la institución. Vamos a colaborar con la Justicia y realizar una investigación exhaustiva", afirmó Girvau. El gobernador Jaldo, por su parte, prometió "impunidad cero" y destacó la firmeza de la respuesta oficial.

El escándalo generó indignación en la sociedad y puso en jaque la imagen de la fuerza policial, que venía siendo reconocida por su trabajo en operativos de seguridad. Las autoridades provinciales aseguraron que continuarán con la depuración interna y que los responsables de delitos serán apartados de la institución. Los presos implicados fueron trasladados al penal Benjamín Páez, mientras continúan los sumarios administrativos y las investigaciones judiciales.