El fallecimiento de Fernando Artaza, un hombre de 30 años oriundo de Córdoba que residía en Mendoza, ha generado conmoción y un fuerte reclamo de su familia, quienes exigen que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. El hecho ocurrió el lunes por la noche en una cochera ubicada en el centro de Mendoza, donde Artaza recibió un disparo en la cabeza con el arma reglamentaria de su pareja, una agente de la policía local.

Según la reconstrucción preliminar de la Justicia, Artaza y su pareja mantenían una discusión cuando él tomó el arma y se disparó. La mujer, que se encontraba de civil, relató a los efectivos que su novio le arrebató la pistola en medio de la disputa. Artaza fue trasladado de urgencia a un hospital, pero falleció poco después debido a la gravedad de la herida.

La investigación judicial, liderada por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, incluyó peritajes sobre el arma, las municiones y los teléfonos celulares de ambos. Además, se realizaron pruebas en las manos de la agente para determinar si había disparado el arma, las cuales resultaron negativas. Los estudios criminalísticos concluyeron que la trayectoria del proyectil y la mecánica del hecho no evidencian la intervención de terceros, por lo que hasta el momento la fiscalía descartó responsabilidad penal de la policía.

Sin embargo, la familia de Artaza expresó públicamente sus dudas sobre la hipótesis de suicidio. En un comunicado difundido en redes sociales, sus allegados afirmaron: "Fernando era una persona que amaba la vida, tenía una hija de 5 años y muchos proyectos por delante". También denunciaron que fueron notificados de la muerte dos días después del hecho y que no se les permitió ver el cuerpo, lo que incrementó sus sospechas y reclamos de transparencia.

Los familiares señalaron además que, días antes del episodio, Artaza había manifestado su intención de regresar a Córdoba, lo que habría generado conflictos con su pareja, incluyendo la destrucción de documentos personales. Por estos motivos, la familia exige que se investigue no solo el hecho puntual, sino también el contexto previo y la dinámica de la relación.

Mientras tanto, la Inspección General de Seguridad de Mendoza abrió una investigación administrativa sobre la actuación de la agente, quien permanece con licencia y asistencia psicológica. El caso sigue bajo investigación y la familia insiste en que se agoten todas las medidas para esclarecer lo ocurrido, en un clima de conmoción y reclamo social por la transparencia del proceso.