El Estado argentino enfrenta una crisis judicial de magnitud inédita: la administración central acumula 339.085 demandas activas, sin que exista claridad sobre el costo total que deberá afrontar el país. Más de la mitad de estos expedientes carecen de un monto definido, lo que introduce una incertidumbre significativa en las cuentas públicas y complica la planificación fiscal.

Según datos oficiales, el 56% de las demandas se tramita en la Ciudad de Buenos Aires, seguida por la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Los reclamos por diferencias salariales concentran más del 40% de la litigiosidad, mientras que otros motivos incluyen cuotas omitidas, multas, daños y perjuicios, ejecuciones fiscales y amparos de salud. Los montos reclamados aparecen en diversas monedas, sumando cifras multimillonarias en pesos, dólares, euros, libras y yenes.

La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, lidera la defensa jurídica en los casos de mayor trascendencia económica o institucional. Amerio señaló: “Mientras coordinamos la defensa jurídica del Estado en toda la Administración Pública Nacional y atendemos los distintos frentes internacionales, la Procuración del Tesoro también asume la representación directa en los litigios más complejos y relevantes para el país”.

El fenómeno no es nuevo: el 78,5% de los juicios activos se inició antes de diciembre de 2023, lo que evidencia una litigiosidad estructural que atraviesa distintas administraciones. La judicialización de obligaciones estatales se intensificó tras el default de 2001 y se ha visto agravada por políticas públicas insostenibles y prácticas como los pagos no remunerativos, que han generado conflictos masivos y demandas en serie.

Abogados y exfuncionarios advierten que el Estado suele preferir pagar juicios antes que abordar soluciones estructurales, perpetuando así el problema. Además, la falta de previsión contable para estos pasivos contingentes añade presión sobre el presupuesto nacional y limita el margen para políticas públicas.

En respuesta, la actual gestión ha centralizado la defensa jurídica y promueve reformas para reducir la llegada masiva de casos a la Corte Suprema. Sin embargo, la magnitud del problema exige una estrategia integral y de largo plazo para evitar que la maquinaria judicial siga erosionando la estabilidad fiscal y la seguridad jurídica del país.