El gobierno de la provincia de Neuquén profundizó en los últimos días su política de "tolerancia cero" frente al ausentismo en la administración pública, con el despido de dos trabajadoras del sistema de salud por ausencias injustificadas. Las cesantías, que afectan a una enfermera y una mucama, se suman a una serie de medidas similares adoptadas en los últimos meses en distintos organismos estatales.

Según informaron fuentes oficiales y medios locales, Alejandra Noemí Chiguay, licenciada en enfermería del Hospital de Villa La Angostura “Dr. Oscar Arraiz”, fue cesanteada tras registrar ausencias continuas e injustificadas entre el 31 de marzo y el 30 de abril de 2023. El expediente administrativo señala que la agente presentó un certificado médico fuera de término y no asistió a los controles médicos requeridos, por lo que sus faltas fueron consideradas injustificadas. "La misma nunca más compareció a trabajar ni a gestionar o enmendar tales inasistencias", se detalla en la documentación oficial.

Por su parte, Nélida del Carmen Carrasco, mucama del Hospital de Plottier “Dr. Alberto Herrera”, acumuló extensos períodos de ausencias injustificadas entre julio y noviembre de 2023. La administración provincial indicó que Carrasco ya había agotado previamente las instancias de licencia por largo tratamiento, tras permanecer más de cuatro años bajo ese régimen hasta julio de 2021.

Ambas trabajadoras fueron notificadas de la cesantía y la provincia iniciará expedientes para determinar si percibieron salarios por jornadas no trabajadas. De comprobarse, se anticipó que se avanzará en la recuperación de esos fondos, incluso por la vía judicial si fuera necesario.

La política de "tolerancia cero" fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa desde el inicio de su gestión, con el objetivo de erradicar el ausentismo y las irregularidades en el empleo público. En los últimos meses, la medida ha alcanzado a personal de distintas áreas, incluyendo administración y educación.

Desde el gobierno provincial se sostiene que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Hasta el momento, no se han registrado declaraciones públicas de las trabajadoras afectadas, mientras que sectores sindicales y de la sociedad civil siguen de cerca el impacto de la política en el empleo estatal. El Ejecutivo neuquino ratifica su compromiso con la eficiencia y el control en la administración pública, anticipando que las medidas continuarán en caso de detectarse nuevas irregularidades.