La muerte de Ángel Nicolás López, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, ha generado conmoción y un fuerte debate sobre la protección de la infancia en Argentina. El menor falleció tras ingresar en estado crítico al hospital local, presentando un paro cardiorrespiratorio y lesiones intracraneales recientes, según confirmaron la autopsia y los informes médicos.

La madre de Ángel, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, fueron detenidos por presunto homicidio agravado. Ambos estaban bajo custodia policial en un hotel de la ciudad y fueron arrestados tras la aparición de pruebas que indicaban traumatismos previos a la muerte del niño. La beba de seis meses de la pareja fue entregada a familiares en Córdoba para su resguardo.

El caso tomó un giro aún más complejo cuando el padre biológico de Ángel, Luis López, presentó una denuncia penal ampliada. En ella, no solo acusa a la madre y al padrastro, sino también a jueces, asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección, a quienes responsabiliza por no haber intervenido a tiempo pese a las alertas de riesgo. "La muerte del niño no constituye un episodio aislado ni un desenlace trágico producto del azar, sino la consecuencia directa, previsible y evitable de una secuencia de conductas activas y omisivas", sostiene la denuncia.

Testimonios de vecinos y familiares refuerzan las sospechas sobre la pareja detenida, señalando inconsistencias en sus explicaciones y antecedentes de maltrato. Sin embargo, tanto Altamirano como González han negado públicamente cualquier acto de violencia, argumentando que la muerte de Ángel fue consecuencia de un paro cardíaco sin causa aparente.

La investigación continúa, con la justicia analizando la posible corresponsabilidad de funcionarios estatales y revisando los protocolos de protección infantil. El caso ha reavivado el debate nacional sobre la eficacia de los sistemas de protección y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención ante situaciones de riesgo para los menores.