El camarista federal Leopoldo Bruglia presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se dicte una medida cautelar que suspenda el concurso del Consejo de la Magistratura destinado a designar a su reemplazante en la Sala I de la Cámara Federal porteña. Bruglia fundamentó su pedido en la presunta vulneración de garantías como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso, y denunció un trato desigual en la aplicación del fallo de la Corte Suprema de 2020 sobre los traslados de jueces.

Según Bruglia, el concurso 461 fue reactivado el 27 de abril por el consejero Diego Barrotaveña, tras haber estado paralizado durante casi dos años por un proceso de solución amistosa iniciado ante la CIDH. Tres días después, las ternas de candidatos fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo en una reunión que, según el camarista, se realizó sin debate sustantivo y a puertas cerradas. Bruglia advirtió que el Poder Ejecutivo prevé que las ternas sean elevadas al Ministerio de Justicia en junio, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces juren en agosto, lo que haría irreversible su salida del cargo.

En su presentación, Bruglia señaló al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola, como impulsores del proceso. Recordó que tanto él como el juez Pablo Bertuzzi procesaron a Viola en el pasado por una causa de testigos falsos. Además, Bruglia citó el caso de Carlos Mahiques, quien recibió una renovación de su cargo sin concurso, como ejemplo de trato desigual. Esta postura fue respaldada por el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien afirmó que la selectividad en la realización de concursos para jueces trasladados afecta la legitimidad institucional.

El conflicto se remonta a 2018, cuando Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a la Cámara Federal durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2020, la Corte Suprema estableció que los traslados son transitorios y deben completarse mediante concurso. El Estado argentino había iniciado un proceso de solución amistosa ante la CIDH, pero este se interrumpió en octubre de 2025, poco antes del inicio del juicio oral en la causa Cuadernos. Con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Viola al Consejo, el proceso de selección se reactivó.

Bruglia sostiene que agotó las instancias internas y que la cautelar es necesaria para evitar un daño irreparable. Advierte que si los nuevos jueces asumen antes de que la CIDH se pronuncie, cualquier decisión posterior del organismo podría resultar de imposible cumplimiento. El caso pone en debate la estabilidad de los jueces trasladados y la transparencia en los procesos de selección judicial en la Argentina.