El caso del fotorreportero Pablo Grillo, herido gravemente durante la represión a una marcha de jubilados frente al Congreso el 12 de marzo de 2025, continúa generando debate en el ámbito político y judicial argentino. La reciente defensa pública de la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al gendarme Héctor Guerrero, procesado por el hecho, reavivó la polémica sobre el uso de la fuerza en manifestaciones y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

Según la reconstrucción judicial, Guerrero disparó seis veces su arma con municiones de gas lacrimógeno de forma horizontal hacia los manifestantes, impactando en la cabeza de Grillo, quien se encontraba cubriendo la protesta como fotógrafo. El proyectil le fracturó el cráneo y le provocó pérdida de masa encefálica, obligándolo a atravesar un largo y complejo proceso de recuperación. "Pablo está mucho, mucho mejor. La evolución es muy buena", afirmó su padre, Fabián Grillo, aunque recordó que el primer pronóstico fue muy grave.

A pesar de la contundencia de las pruebas periciales y audiovisuales, Bullrich defendió el accionar del gendarme, argumentando que actuó ante una situación violenta y que el disparo fue "correcto". "El gas fue tirado de manera correcta, pero cuando tenés una horda que te viene atacando, tirando con lo que tiene, destruyendo todo...", justificó la senadora, poniendo en duda incluso la identificación del responsable, a pesar de que la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Guerrero.

La familia de Grillo y organismos de derechos humanos insisten en la necesidad de justicia y cuestionan la falta de prisión preventiva para Guerrero, quien no ha sido formalmente apartado de la fuerza. "No hay prisión preventiva. En otros hechos mucho menores se dicta preventiva de inmediato. Acá le dispararon una bala y sigue en libertad. Es algo muy difícil de entender", expresó el padre del fotógrafo.

El caso se enmarca en el debate sobre el "protocolo antipiquetes", recientemente declarado inconstitucional por la Justicia, aunque el Gobierno ha apelado la medida. La defensa política del accionar represivo y la falta de sanciones efectivas recuerdan otros episodios de violencia institucional en el país, generando preocupación sobre el futuro de la protesta social y la protección de los derechos humanos en Argentina.