La muerte de dos profesionales de la salud y el robo de anestésicos en hospitales porteños han desatado una investigación judicial que sacude al sistema médico argentino. El caso comenzó con el hallazgo sin vida del anestesista Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo el 20 de febrero. Junto a su cuerpo, la policía encontró frascos de propofol y fentanilo, drogas de uso hospitalario, y una vía intravenosa conectada a su pie. La autopsia confirmó que Zalazar falleció por edema pulmonar y meningoencefálico, consecuencia del consumo de estos potentes sedantes.

La investigación reveló la existencia de fiestas privadas, conocidas como “Propofest”, donde un grupo reducido de médicos participaba en “viajes controlados” con anestésicos. Estas reuniones, organizadas a través de chats y redes sociales, pusieron en evidencia la facilidad con la que algunos profesionales acceden a medicamentos de uso restringido. El caso se agravó con la denuncia de robo de fármacos en el Hospital Italiano, donde dos médicos, Hernán Boveri y Delfina Lanusse, fueron imputados por administración fraudulenta y apartados de sus cargos. Ambos admitieron haber consumido propofol juntos, aunque se responsabilizaron mutuamente por la obtención de las drogas.

El hospital reforzó los controles internos y denunció los hechos ante la Justicia, que también allanó la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. La entidad entregó documentación y actas de reuniones con los profesionales involucrados, aunque aclaró que no maneja ni almacena medicamentos.

El caso de Zalazar no es aislado. Días después, el enfermero Eduardo Bentancourt fue hallado muerto en circunstancias similares, también en Palermo, con más de 50 ampollas de anestésicos en su poder. Las autoridades investigan si existe una conexión entre ambos fallecimientos y si hay más personal médico implicado en el consumo y desvío de estos fármacos.

Expertos y directivos hospitalarios advierten que el uso indebido de anestésicos por parte de profesionales no es un fenómeno nuevo, pero sí preocupante por el riesgo sistémico que implica. Señalan la necesidad de fortalecer los controles, mejorar la trazabilidad de los medicamentos y promover políticas de prevención y salud mental en el ámbito médico. Mientras tanto, la Justicia continúa con el peritaje de los teléfonos y la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El escándalo ha generado preocupación en la sociedad y un llamado a no estigmatizar a toda la profesión médica por hechos individuales, aunque sí a revisar los mecanismos de control y apoyo institucional.