La reciente decisión de la Justicia de La Rioja de paralizar por 30 días el proyecto minero Vicuña, ubicado en San Juan pero con logística clave en territorio riojano, ha encendido una nueva disputa interprovincial y generado incertidumbre en el sector minero argentino. El fallo, dictado por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, responde a una presentación del Gobierno de La Rioja que reclama la falta de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante las autoridades provinciales y el incumplimiento de acuerdos sobre el uso de la red vial local.

El proyecto Vicuña, operado por BHP y Lundin Mining, es considerado el mayor emprendimiento cuprífero del país, con inversiones previstas que superan los 7.000 millones de dólares. Aunque el yacimiento se encuentra en San Juan, su acceso principal es a través de la localidad riojana de Guandacol, lo que implica un flujo constante de más de 600 vehículos pesados por rutas provinciales. Esta situación ha generado reclamos de las autoridades y pobladores locales, quienes exigen mayor contratación de mano de obra y proveedores de la zona, así como el cumplimiento de la normativa ambiental.

La resolución judicial establece la instalación de retenes policiales para bloquear el tránsito de maquinaria y vehículos vinculados al proyecto, salvo para tareas de mantenimiento. El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, explicó que la medida es consecuencia de sucesivos requerimientos administrativos no respondidos por la empresa. Por su parte, el fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, destacó la celeridad del fallo ante el riesgo de daño ambiental inminente.

Desde la empresa, se indicó que aún no han sido notificados formalmente de la resolución, aunque confirmaron la existencia de controles policiales en la zona. El conflicto amenaza con escalar a instancias judiciales superiores si no se presenta el EIA requerido en el plazo estipulado.

Este escenario revive antecedentes de disputas entre provincias argentinas por el uso de recursos naturales e infraestructura, como el litigio entre San Juan y La Pampa por el dique El Tambolar. El caso Vicuña pone en evidencia la complejidad de los proyectos extractivos que atraviesan límites provinciales y la necesidad de acuerdos claros sobre los impactos ambientales y los beneficios socioeconómicos para las comunidades involucradas.

Mientras tanto, la paralización del proyecto representa un desafío para el cronograma de inversiones y la proyección de la minería argentina, en un contexto donde la demanda global de cobre y otros minerales estratégicos sigue en aumento.