La Justicia federal de Córdoba investiga a las clínicas de fertilidad Fecundart y Nascentis por presunta captación y explotación de mujeres en situación vulnerable, a quienes se les ofrecía hasta 18.200 dólares para gestar bebés y entregarlos a parejas argentinas. El caso, que involucra a médicos, administradores y abogados, ha puesto en el centro del debate los límites legales y éticos de la subrogación de vientre en Argentina.

Según la acusación, las mujeres, muchas de ellas madres y beneficiarias de planes sociales, eran contactadas a través de programas de donación de óvulos y luego convencidas de participar en acuerdos privados para la gestación subrogada. Los chats secuestrados por la Justicia revelan esquemas de pago detallados, que incluían sumas mensuales, bonos por "seriedad y puntualidad", y hasta la entrega de un iPhone. "La clínica Fecundart habría establecido, en muchos casos, un primer contacto con las víctimas a través de sus donaciones de óvulos", señala el expediente judicial.

El juez Alejandro Sánchez Freytes procesó al médico José Antonio Pérez Alzaa, a la administradora Paula Mariana Liendo y al abogado Nicolás Enrique Gigena por el delito de trata agravada y, en el caso del abogado, también por tentativa de falsedad ideológica. El embargo judicial impuesto supera los mil millones de pesos. La investigación, liderada por el fiscal federal Enrique Senestrari y la PROTEX, identificó al menos siete víctimas y documentó situaciones de extrema vulnerabilidad, como la de una joven madre que vivía en condiciones precarias y fue presionada para no desistir del acuerdo.

En Argentina, la subrogación de vientre no está tipificada como delito, pero la trata de personas sí, lo que genera un vacío legal que este caso ha puesto en evidencia. Mientras la fiscalía sostiene que existió explotación y abuso de vulnerabilidad, los procesados argumentan que los acuerdos fueron voluntarios y homologados por la Justicia de familia. El caso reabre el debate sobre la regulación de la subrogación y la necesidad de proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad, en un contexto donde la demanda de tratamientos de fertilidad sigue en aumento.