La Ciudad de Buenos Aires ha reforzado su política de seguridad vial mediante la instalación de 224 cámaras fijas de fotomultas, distribuidas en puntos estratégicos de la capital. Según información oficial, estos dispositivos permiten detectar en tiempo real infracciones como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo, la invasión de sendas peatonales y el uso del celular al volante, entre otras faltas frecuentes en las principales arterias y accesos a autopistas.

El sistema, que incorpora tecnología de analítica de video y control automático, genera actas de infracción de manera automática, las cuales son notificadas a los titulares de los vehículos por correo postal o electrónico. Esta modalidad, impulsada por la digitalización de trámites y servicios, ha agilizado la gestión de multas y facilitado el seguimiento de nuevas infracciones, evitando demoras en la regularización de deudas.

Desde el 3 de marzo, el valor de la Unidad Fija (UF), parámetro de referencia para el cálculo de multas, se ubica en $949,99 tras un incremento del 19% respecto al período anterior. Este ajuste, que se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre, está vinculado al precio de la nafta premium, conforme a la normativa local.

La expansión de la red de cámaras responde a la necesidad de reforzar el control en corredores críticos y zonas escolares, donde se ha detectado un mayor riesgo vial. Además, la plataforma digital del Gobierno porteño permite a los usuarios consultar el historial de infracciones, descargar comprobantes de pago y abonar multas a través de distintos medios habilitados. También es posible presentar descargos o solicitar revisiones en caso de inconsistencias en los registros.

El libre deuda de infracciones, requisito indispensable para la transferencia de vehículos, puede obtenerse íntegramente en línea, lo que elimina la necesidad de acudir a dependencias presenciales y agiliza los trámites para los propietarios de automóviles. Las autoridades destacan que la implementación de este sistema automatizado no solo penaliza conductas de riesgo, sino que también contribuye a la prevención de accidentes y a la mejora general de la seguridad vial en la ciudad.

La medida se enmarca en una tendencia global hacia la fiscalización automatizada del tránsito, con el objetivo de reducir la siniestralidad y promover una mayor conciencia vial entre los conductores.