Busaniche, el carismático rugbier de 120 kilos que puede hundir a Lorenzetti
🔎 Escándalo judicial en Rosario: investigan a Santiago Busaniche, escribano y operador político, por presunta extorsión y tráfico de influencias en la Justicia Federal. El caso involucra a jueces, AFIP y figuras políticas. #Corrupción #Justicia
Un escándalo de corrupción sacude a la Justicia Federal de Rosario tras la imputación de Santiago Busaniche, escribano y operador político, en una causa de extorsión y tráfico de influencias. La investigación, que también involucra al juez Marcelo Bailaque y al ex director regional de la AFIP, Carlos Vaudagna, revela una compleja red de favores y presiones en la cúpula judicial y política argentina.
Según la investigación, los implicados habrían montado una causa penal por lavado de activos contra Claudio Iglesias, directivo de la aseguradora San Cristóbal, con el objetivo de exigirle 200 mil dólares a cambio de paralizar el proceso judicial. El fiscal Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos, solicitó el secuestro del teléfono de Busaniche para profundizar la pesquisa, aunque el juez federal Eduardo Rodrígues da Cruz pidió mayores fundamentos para autorizar la medida.
El caso se remonta a 2019, en el contexto de una elección interna en San Cristóbal, donde Iglesias era candidato a la presidencia. Las pruebas señalan que Busaniche, a través de sus contactos en la AFIP y la justicia, habría gestionado informes favorables para desincriminar al directivo, mientras mantenía comunicaciones con Vaudagna, quien se convirtió en arrepentido.
La causa ya provocó la prisión domiciliaria y la renuncia de Bailaque como juez federal. Además, ha puesto en evidencia la influencia de Busaniche en la designación de jueces y funcionarios, así como su capacidad para operar transversalmente entre distintos sectores políticos y judiciales. "Santiago es el número uno de la agrupación. Le hacemos caso en todo", afirman fuentes judiciales citadas por La Política Online.
El avance de la investigación genera preocupación en el ámbito judicial y político, ante la posibilidad de que salgan a la luz escuchas y pruebas que comprometan a más actores. El caso podría tener repercusiones en la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, y pone en el centro del debate la transparencia y el control en la administración de justicia en Argentina.
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