Franco Matías Javier Oscari, un joven campesino e integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), fue detenido en la madrugada del 24 de junio en Palma Sola, Jujuy, acusado de amenazar a la senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de redes sociales. El operativo, realizado por la Policía Federal Argentina bajo la supervisión del juez federal Ariel Lijo, incluyó un allanamiento en la vivienda de Oscari y el secuestro de un teléfono celular.

Según fuentes judiciales, la investigación se inició tras detectar mensajes amenazantes dirigidos a Bullrich en una red social. La policía identificó al presunto autor y, con la orden judicial correspondiente, procedió a su detención. "Vieja hija de p… renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar, conc.. de mierda!!", habría sido el mensaje que motivó la intervención, según Clarín.

La defensa de Oscari, encabezada por la abogada María José Castillo, sostiene que el mensaje no constituye una amenaza y denuncia la arbitrariedad del procedimiento, señalando que la orden de detención se ejecutó antes del horario estipulado y que no se permitió acceso inmediato al expediente. "No amerita que vayan a detenerlo en Jujuy en un paraje super alejado", afirmó Castillo, quien también destacó el contexto de conflicto territorial que atraviesa la familia de Oscari y otras familias campesinas de la zona.

Organizaciones como el MNCI y referentes sociales han manifestado su preocupación por lo que consideran un uso desproporcionado de mecanismos represivos y una posible persecución judicial en el marco de disputas por la tierra. "Resulta imposible analizar esta detención de manera aislada", expresó el MNCI en un comunicado, reclamando garantías para el debido proceso y la libertad personal de Oscari.

El hecho ocurre en un contexto de larga conflictividad territorial en Palma Sola, donde familias campesinas mantienen reclamos históricos por el acceso a la tierra y la defensa de sus medios de vida frente a proyectos mineros. La detención se produjo un día después de la suspensión de un desalojo en la zona, lo que incrementó la tensión local.

Mientras Oscari permanece detenido en la capital jujeña, organizaciones sociales y de derechos humanos exigen su liberación y el respeto a las garantías constitucionales, advirtiendo sobre el impacto de este tipo de operativos en la democracia y la protesta social.