Un fuerte cruce político sacudió este jueves la Cámara de Senadores de Santa Fe, cuando el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig, presentó un pedido de informes dirigido al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, por la paralización de 54 viviendas en San Cristóbal. El reclamo, inusual por estar dirigido a un funcionario del mismo espacio político, expuso una interna latente en el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Durante la sesión, Michlig argumentó que, tras 28 meses de gestión, se vio obligado a recurrir a esta herramienta ante la falta de respuestas sobre el avance de las obras. “Hay 54 familias que podrían tener su techo propio”, remarcó el senador, quien además denunció posibles cambios discrecionales en los criterios de ejecución de la obra pública. “Vemos que en San Cristóbal hay obras con un 52 por ciento de avance y no se terminan, pero en otras ciudades sí se terminan algunas que tenían un 8 por ciento de avance. Es una injusticia”, sostuvo.

La respuesta llegó rápidamente de la senadora Leticia Di Gregorio, quien ocupa la banca que dejó Enrico. Di Gregorio defendió la gestión del ministro y negó cualquier favoritismo: “La obra pública en Santa Fe se distribuye de acuerdo a las necesidades y sin distinción”. Además, aportó datos que muestran que San Cristóbal recibió proporcionalmente más viviendas por habitante que General López, el departamento de Enrico.

El debate escaló cuando Michlig cuestionó la licencia otorgada a Enrico para asumir como ministro sin renunciar a su banca de senador, expresando arrepentimiento por haberla aprobado. “Me arrepiento de haber aprobado eso que estaba señalado por los representantes de la oposición en su momento”, confesó.

El trasfondo del conflicto revela una rivalidad de larga data entre Michlig y Enrico, ambos figuras clave del radicalismo santafesino y con peso propio en el oficialismo. Mientras tanto, fuentes cercanas a Enrico atribuyeron el conflicto al difícil contexto económico y negaron cualquier discrecionalidad en la asignación de obras.

La controversia deja al descubierto tensiones internas en el gobierno provincial y plantea interrogantes sobre la transparencia y los criterios de distribución de la obra pública en Santa Fe. El desenlace de este enfrentamiento podría tener implicancias en la dinámica política del oficialismo y en la gestión de futuras obras habitacionales.