El prolongado conflicto entre el Poder Judicial y el gobierno de Córdoba escaló en las últimas horas, luego de que el Ministerio de Justicia y Trabajo provincial convocara a una audiencia formal entre representantes judiciales y el gremio de empleados AGEPJ. La medida busca abrir un canal de diálogo que permita destrabar la parálisis que afecta a diversas áreas judiciales desde hace cuatro meses, producto de medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales.

La situación se agravó con la presentación de cerca de mil recursos administrativos por parte de jueces, camaristas y fiscales ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en lo que constituye una acción inédita y masiva. Este paso es considerado el preludio de una posible ola de amparos constitucionales que podría poner en jaque el esquema de ajuste fiscal impulsado por el gobernador Martín Llaryora. Los magistrados objetan principalmente el incremento de los aportes personales a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Apross, medidas adoptadas en el marco de la emergencia previsional sancionada en diciembre pasado.

Federico Corteletti, secretario general de AGEPJ, señaló que el sindicato viene reclamando recomposición salarial y la apertura de una mesa de negociación desde el inicio del conflicto, y cuestionó la demora en la respuesta estatal. "El diálogo lo venimos pidiendo desde el día uno. Entendemos que esto debió haberse hecho antes porque no tenemos paritarias ni un convenio que ordene el conflicto en el Poder Judicial", afirmó.

Por su parte, los jueces reclaman un cronograma escrito para la devolución salarial y la equiparación con los haberes que perciben los magistrados federales, además de la eliminación del tope de 30 años de antigüedad para la liquidación de haberes. Según cálculos de los propios camaristas, el salario real de los jueces provinciales equivale al 50% del que paga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El TSJ, que ya obligó al Ejecutivo a reducir la alícuota extra de aportes del 8% al 6%, enfrenta ahora una presión sin precedentes tanto desde el plano político como sindical. La audiencia convocada por la Provincia será clave para determinar si se logra encauzar el conflicto o si, por el contrario, se profundiza la crisis institucional en el Poder Judicial cordobés.