El miércoles 8 de octubre, trabajadores aceiteros de Argentina iniciaron un paro nacional en todas las plantas del país, en reclamo de mejoras salariales. La medida, impulsada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, responde a la negativa de las cámaras empresariales de aceptar el pedido sindical de establecer un salario mínimo vital y móvil de $2.344.728, cifra calculada por los gremios en base a datos del INDEC.

El paro fue anunciado tras dos semanas de negociaciones y una audiencia fallida en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Los sindicatos calificaron la propuesta patronal como "insuficiente y provocadora", especialmente considerando que el sector aceitero recibió recientemente beneficios extraordinarios por $1.540 millones de dólares debido a la reducción de retenciones a las exportaciones. "No estamos dispuestos a acompañar la política salarial que pretende condenarnos a la pobreza, favoreciendo sólo a los grandes grupos económicos", expresaron los dirigentes gremiales.

En respuesta al paro, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, suspendiendo la huelga y convocando a una nueva audiencia para el 14 de octubre. Las cámaras empresariales, agrupadas en CIARA, manifestaron su intención de mantener los salarios aceiteros en línea con la inflación y destacaron la importancia de llegar a acuerdos vinculados a la evolución de los precios.

El conflicto aceitero se desarrolla en un contexto de tensiones laborales y críticas a la conducción de la CGT, a la que los aceiteros acusan de no enfrentar al gobierno ni defender activamente los intereses de los trabajadores. El sector aceitero, fundamental para la economía argentina por su rol exportador, enfrenta así un conflicto que podría tener repercusiones en otros gremios y marcar un precedente en la lucha por mejores condiciones salariales.

La resolución del conflicto dependerá de las negociaciones en la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, mientras los sindicatos mantienen su postura de exigir el cumplimiento del salario mínimo vital y móvil conforme a la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.