La investigación por la muerte de Alejandro Zalazar, anestesiólogo hallado sin vida en su departamento de Palermo el 20 de febrero, ha sacudido al sistema de salud porteño. La autopsia confirmó que Zalazar falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo, dos potentes anestésicos utilizados en el ámbito hospitalario. Junto a su cuerpo, la policía encontró medicamentos y una bomba de infusión, elementos que encendieron las alarmas sobre el posible robo y consumo indebido de fármacos en hospitales de la ciudad.

Las pesquisas revelaron que los insumos hallados en el domicilio de Zalazar provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. A partir de este hallazgo, la Justicia inició una investigación que involucra a dos profesionales de la salud: Hernán Boveri, anestesiólogo de trayectoria, y Delfina Lanusse, médica residente. Ambos fueron imputados por presunto robo y administración fraudulenta de drogas, y separados de sus funciones en el hospital. Lanusse, además, se encuentra con licencia psiquiátrica.

El caso tomó mayor dimensión tras el allanamiento a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, donde la policía secuestró documentación clave, actas de reuniones y registros de conversaciones con los profesionales involucrados. La entidad, que figura como denunciante en la causa, aseguró haber colaborado desde el primer momento. "El allanamiento nos tomó por sorpresa, pero somos los que más queremos saber qué pasó. Apenas tomamos conocimiento, corrimos a la Justicia a denunciar", afirmó Eduardo Gerome, abogado de la asociación.

La investigación también apunta a la existencia de presuntas "fiestas" en las que se consumían anestésicos robados, una práctica que habría sido denunciada por colegas y familiares de Zalazar. El teléfono celular del médico fallecido, hallado bloqueado, es considerado una pieza clave para esclarecer las circunstancias del caso y determinar la posible participación de otros profesionales.

El impacto del caso ha sido profundo en la comunidad médica, que exige respuestas y medidas para reforzar los controles sobre el manejo de medicamentos. La Justicia continúa con la recolección de pruebas y testimonios, mientras se amplía la investigación a otros centros de salud para determinar el alcance real de la red de robo y consumo de anestésicos. El desenlace de la causa podría marcar un antes y un después en los protocolos de seguridad hospitalaria en la ciudad de Buenos Aires.