Las últimas encuestas en la provincia de Buenos Aires reflejan un escenario de paridad entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof, ambos con niveles de desaprobación superiores al 54%. Según un relevamiento de Management & Fit, Milei cuenta con un 37,8% de imagen positiva frente al 37,5% de Kicillof, aunque el presidente lo supera en rechazo, acumulando un 58,4% de desaprobación contra el 54% del gobernador. Estos datos marcan una estabilización en la imagen de Milei tras varios meses de caída, mientras que Kicillof experimenta un leve repunte, aunque insuficiente para revertir la tendencia negativa.

El debate público bonaerense se ha intensificado en torno al gasto estatal. Una encuesta de DC Consultores revela que el 79,6% de los bonaerenses exige recortes al gasto político y una mayor inversión en obra pública, cuestionando el modelo de “Estado presente” que defiende Kicillof. Solo el 5,6% de los encuestados respalda incondicionalmente la gestión del gobernador, mientras que casi siete de cada diez desaprueban o se sienten desencantados con su administración. El 80% de los consultados considera que el presupuesto provincial debería destinarse mayoritariamente a obras y no a gastos corrientes.

La inseguridad se posiciona como la principal preocupación ciudadana, con un 69,7% de las respuestas, superando a la pobreza y los problemas en el sistema de salud. En este contexto, Patricia Bullrich emerge como la dirigente con mejor imagen positiva (35,1%), siendo percibida como la figura más apta para abordar la problemática de la seguridad.

Analistas políticos destacan que la resistencia de Kicillof a modificar su modelo de gestión responde tanto a convicciones ideológicas como a necesidades de supervivencia política, especialmente en el Conurbano bonaerense, considerado un bastión del kirchnerismo. Por su parte, Milei enfrenta el desafío de consolidar su recuperación en la opinión pública tras denuncias de corrupción y el impacto de la recesión económica.

El futuro político de ambos líderes dependerá de su capacidad para responder a las crecientes demandas sociales de ajuste en el gasto público y mejoras en la seguridad, en un contexto de alta polarización y descontento ciudadano.