El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Mendoza para el segundo semestre de 2026, en el marco de la reapertura de las negociaciones paritarias. La oferta oficial contemplaba un incremento del 8% para docentes y celadores, distribuido en un 5% en agosto y un 3% en noviembre, calculado sobre los haberes de junio y con carácter remunerativo y bonificable.

La respuesta del gremio fue inmediata y contundente. Según explicó Gustavo Correa, secretario general del SUTE, la propuesta es "completamente inaceptable" y no será trasladada a las bases, ya que consideran que aceptar el aumento implicaría resignar poder adquisitivo frente a la inflación proyectada para el año. Correa remarcó que "el Gobierno tiene que pensar a los trabajadores de la educación con las multifunciones que están llevando adelante en la escuela y eso se tiene que ver reflejado en una propuesta salarial". Además, criticó la alineación del Ejecutivo provincial con las políticas económicas nacionales, advirtiendo que los docentes no deben ser "la variable de ajuste".

La negociación salarial se produce en un contexto de alta inflación. En el primer cuatrimestre de 2026, el índice de precios en Mendoza alcanzó el 11,9%, mientras que los aumentos otorgados a los docentes en el primer semestre sumaron un 10%. El gremio reclama que la nueva propuesta no solo iguale la inflación, sino que también recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Desde el Gobierno provincial, la directora de Recursos Humanos, Mariana Lima, confirmó que la negociación pasó a un cuarto intermedio y se retomará el 16 de junio. La oferta presentada al SUTE servirá de base para las futuras negociaciones con otros gremios estatales, en un escenario donde la contención del gasto público es una prioridad para el Ejecutivo.

El clima de tensión anticipa una negociación compleja, con un gremio decidido a sostener su reclamo y un Gobierno que busca equilibrar las demandas salariales con la situación fiscal de la provincia. El resultado de la próxima reunión será clave para definir la pauta salarial del resto del año y podría marcar el rumbo de las relaciones laborales en el sector público mendocino.