El Gobierno nacional oficializó la prórroga del régimen diferencial de contribuciones patronales para los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. Mediante el Decreto 939/2025, publicado en el Boletín Oficial, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el beneficio que excluye a estos colegios del régimen general de contribuciones, evitando así un aumento significativo en los costos laborales a partir de enero de 2026.

La decisión responde a la necesidad de evitar un "incremento desmesurado" en las cargas patronales, especialmente en las provincias alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, donde los beneficios vigentes varían según la región. El principal costo operativo de los colegios privados es el salarial, incluyendo las contribuciones patronales, y la mayoría de estas instituciones recibe aporte estatal financiado por las provincias. Sin la prórroga, el aumento de las contribuciones habría impactado directamente en los presupuestos provinciales y en los aranceles que pagan las familias, afectando la prestación del servicio educativo, sobre todo en las regiones más vulnerables.

El régimen diferencial comenzó a aplicarse en 2020 y ha sido prorrogado en varias oportunidades ante la situación económica del sector. El artículo 24 de la Ley 27.541 faculta al Poder Ejecutivo a extender el beneficio cuando la coyuntura lo requiera, y la actual prórroga cuenta con informes técnicos favorables del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano. "La aplicación plena del régimen general habría generado un incremento desmesurado de las contribuciones patronales", señala el decreto, advirtiendo sobre el riesgo para la sostenibilidad de las escuelas de bajos recursos y la continuidad del servicio educativo.

La medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su tratamiento, en cumplimiento de la Ley 26.122, que regula la intervención parlamentaria sobre los decretos dictados en ejercicio de delegaciones legislativas. El Gobierno sostiene que la prórroga es indispensable para preservar el acceso a la educación y evitar un impacto fiscal negativo en las provincias y en la economía de las familias argentinas.