El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encabezado por Federico Sturzenegger, prepara el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca desregular el mercado inmobiliario argentino. La iniciativa propone eliminar la obligatoriedad de la matrícula y los honorarios mínimos para corredores inmobiliarios, permitiendo que cualquier persona pueda ejercer la intermediación sin necesidad de título universitario ni inscripción en colegios profesionales.

Según fuentes oficiales, el objetivo es fomentar la competencia, reducir barreras de ingreso y abaratar los costos de las operaciones inmobiliarias. Sturzenegger afirmó que "el sistema actual no protege al consumidor, sino a quienes ya estaban adentro", y defendió la eliminación de privilegios creados por ley que, según su visión, encarecen la construcción y la intermediación comercial. El ministro remarcó que la validación de los servicios debe provenir del mercado y no de una matrícula, y citó como antecedente la derogación de la ley de alquileres, que habría generado un aumento del 300% en la oferta de propiedades y una baja del 30% en los precios reales.

Sin embargo, la propuesta generó un fuerte rechazo entre los colegios y cámaras inmobiliarias. Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, advirtió que la desregulación expone a los ciudadanos a un mayor riesgo de estafas y vulnera derechos adquiridos por los profesionales. "Eliminar la matrícula obligatoria es abrir una brecha gigante a las estafas inmobiliarias", sostuvo, y recordó que en varias provincias la colegiación tiene rango constitucional. Marta Liotto, titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, también cuestionó la competencia de la Nación para modificar la regulación profesional, señalando que corresponde a las provincias.

El debate se da en un contexto de caída de ventas en el sector, exceso de stock y cambios en los hábitos de consumo y alquiler. Mientras el Gobierno insiste en que la desregulación permitirá un mercado más libre y dinámico, los actores tradicionales del sector temen por la seguridad jurídica y la calidad del servicio. El proyecto, que será debatido en el Congreso, promete abrir una intensa discusión sobre el futuro del mercado inmobiliario argentino.