El Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo del programa social "Volver al Trabajo", que hasta abril de 2026 asistía a cerca de 900.000 personas con una prestación mensual de $78.000. La medida, enmarcada en una reconfiguración de la política social impulsada por el Ministerio de Capital Humano, generó una inmediata reacción de organizaciones sociales y beneficiarios, quienes protagonizaron más de un centenar de protestas y cortes de ruta en todo el país.

Según fuentes oficiales, la decisión responde a una evaluación crítica sobre la eficiencia del programa, al que se acusa de carecer de controles y de haber sido utilizado como herramienta de clientelismo político. “La política social de este gobierno va hacia niños y adolescentes y capacitar a la gente para reinsertarse en el mundo del trabajo”, señalaron desde el Ministerio. Como alternativa, el Gobierno implementará un sistema de vouchers para capacitación laboral y reforzará programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que registraron aumentos del 561% y 137,5% respectivamente.

Sin embargo, la transición no estuvo exenta de tensiones. Solo 138.000 de los casi un millón de beneficiarios se inscribieron para acceder a cursos de formación, mientras que el resto quedó fuera del nuevo esquema. Organizaciones sociales y dirigentes opositores denunciaron que la eliminación del plan deja a miles de familias sin ingresos en un contexto de creciente pobreza y desempleo. “Quitar esta ayuda empuja directamente a miles y miles a la indigencia”, advirtió Alejandro Bodart, del MST. El impacto fue especialmente fuerte en provincias del norte y en barrios populares, donde el programa funcionaba también como sostén de comedores y tareas comunitarias.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reforzó los operativos de seguridad para evitar cortes prolongados en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el Gobierno nacional defendió la medida como parte de una estrategia para eliminar la intermediación de organizaciones y focalizar la asistencia en los sectores más vulnerables.

El recorte, que representa un ahorro fiscal estimado en 0,06% del PBI, se da en un contexto de ajuste generalizado, caída del consumo y deterioro del mercado laboral. La desocupación alcanzó el 7,5% y la informalidad laboral el 43%, según datos recientes. El debate sobre el rumbo de la política social y el impacto de las nuevas medidas promete seguir en el centro de la agenda pública en los próximos meses.