El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná, la principal vía logística del país, a la empresa belga Jan de Nul y su socia argentina Servimagnus por un período de 25 años. Esta decisión, formalizada a través de la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, representa la mayor privatización de la gestión de Javier Milei y busca modernizar una infraestructura clave para el comercio exterior argentino.

La Hidrovía, por donde circula el 80% de las exportaciones nacionales y que conecta cerca de 60 terminales portuarias, será objeto de una rebaja inicial del 13,5% en los peajes, que pasarán de USD 4,30 a USD 3,80 por tonelada de registro neto. El contrato prevé, además, obras de dragado, profundización y la incorporación de tecnología para mejorar la seguridad de la navegación y combatir el narcotráfico.

La licitación, que fue auditada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), contó con el respaldo de cámaras exportadoras, la industria y gobiernos provinciales. "La finalización de la licitación impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país", señaló el Ministerio de Economía en un comunicado.

El proceso licitatorio se resolvió tras un empate en las propuestas económicas de los dos consorcios finalistas, imponiéndose Jan de Nul-Servimagnus por su mayor puntaje técnico y experiencia previa en la gestión de la Hidrovía. La empresa ya había operado la vía entre 1996 y 2021, y desde entonces lo hacía bajo un contrato provisorio mientras el Estado gestionaba la administración.

El contrato establece que la empresa adjudicataria asuma los riesgos comerciales sin respaldo estatal y prevé un esquema de control permanente sobre las inversiones y la calidad del servicio. Se estima que la inversión total alcanzará los USD 15.000 millones y que la modernización permitirá la navegación de barcos de mayor porte, generando ahorros logísticos y potenciando la competitividad de los sectores productivos e industriales.

El Estado mantendrá el rol de autoridad de control, pero sin intervención directa en la gestión. El proceso fue calificado como transparente y sin impugnaciones formales, tras una primera licitación fallida en 2024 por denuncias de corrupción y falta de oferentes.

El sector exportador y los gobiernos provinciales celebraron la adjudicación, mientras que desde ámbitos técnicos y empresariales se plantea la necesidad de avanzar en reformas regulatorias, como la ley de cabotaje, para aprovechar plenamente el potencial del transporte fluvial nacional. Se espera que la firma del contrato, prevista para los próximos 30 días, marque el inicio de una nueva etapa para la principal vía de exportación argentina.