Siete jóvenes fueron condenados a siete años de prisión por la violación grupal de una adolescente de 17 años, ocurrida en 2017 en una casaquinta de Médanos, cerca de Bahía Blanca. El fallo, dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca, responsabilizó a Alan Kevin Ábalos, Franco Fabián Apis, Erik Dalla Riva, Kevin Dalla Riva, Fernando Herrera, Alexis Gaspar Roa y Enzo Gustavo Torres como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal.

La sentencia, que llega casi nueve años después del hecho, no implica prisión inmediata para los condenados, quienes permanecerán en libertad hasta que la condena quede firme. Esta decisión generó críticas por parte de la fiscalía y la querella, que habían solicitado penas de 10 y 12 años respectivamente, así como la detención inmediata de los acusados. El juez Hugo De Rosa argumentó que los imputados cumplieron con el proceso judicial y no intentaron evadir la investigación, por lo que dispuso medidas restrictivas como la prohibición de salida del país y de contacto con la víctima.

El ataque ocurrió durante una fiesta de cumpleaños, donde la víctima fue aislada y encerrada en una habitación por el grupo, que actuó de manera coordinada. La investigación determinó que existió un acuerdo previo entre los agresores, lo que permitió aplicar la figura de coautoría funcional, poco habitual en delitos sexuales. El testimonio de una amiga de la víctima, que intentó intervenir y amenazó con llamar a la policía, fue clave en el juicio, junto con pericias psicológicas que acreditaron el daño sufrido.

La víctima, identificada como Enerina, denunció el hecho en 2021, inspirada por otros casos de denuncia pública. Durante el proceso, sufrió hostigamiento y presiones en su pueblo natal, lo que la llevó a mudarse a Córdoba para continuar sus estudios y reconstruir su vida. El caso evidenció las dificultades y demoras en la respuesta judicial ante delitos sexuales, así como la revictimización de quienes denuncian.

El proceso judicial aún no concluye, ya que otros tres imputados, menores de edad al momento del hecho, serán juzgados por separado en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. La querella criticó esta división procesal, calificándola de "revictimización inhumana" y solicitó que se utilice la declaración ya prestada por la víctima para evitar su exposición a un nuevo interrogatorio. El caso ha reavivado el debate sobre la protección de las víctimas y la necesidad de reformas en la justicia penal.