La reciente instalación de una tranquera metálica en la Ruta Provincial 12, en el oeste de Chubut, generó un fuerte conflicto entre propietarios rurales, vecinos y autoridades provinciales. El hecho ocurrió cerca de Gualjaina y Sierra Colorada, donde una familia colocó un portón en un tramo asfaltado de la ruta, argumentando que el camino atraviesa su propiedad privada.

Según explicó Luciana Zárate, propietaria del campo afectado, la medida responde a la falta de regularización legal del tramo, que corresponde a una obra pública iniciada entre 2005 y 2009 pero nunca formalmente expropiada ni incorporada a la red vial provincial. “El asfalto está en nuestro campo y para poder utilizarlo, el gobierno de Chubut tendrá que expropiarlo. Llegaremos a un acuerdo para el uso público, pero mientras eso no ocurra, la tranquera permanecerá donde está”, afirmó Zárate en declaraciones a medios locales.

Vecinos de la zona denunciaron que la tranquera restringe la circulación y deja aisladas a varias familias rurales, afectando la conectividad de parajes como Costa del Montoso, El Mayoco y Costa del Lepa. “Se trata de una situación grave, ya que la instalación de una tranquera en una ruta pública implicaría restringir el acceso a un camino que debería ser de libre circulación”, expresaron en redes sociales.

Desde el gobierno de Chubut y Vialidad Nacional confirmaron que el Estado no tiene jurisdicción sobre ese sector, ya que nunca se completó el proceso de expropiación ni la cesión formal de los terrenos. “La obra fue ejecutada por gestiones provinciales anteriores, pero no se completó el proceso legal para su incorporación a la red vial. Por eso, el terreno mantiene carácter privado”, indicaron fuentes oficiales.

El conflicto también involucra a comunidades mapuches, que cuestionaron la “lenta intervención provincial” y denunciaron un trato desigual en comparación con otros casos de cortes de ruta. Por su parte, los propietarios justificaron la medida como una forma de prevenir delitos rurales, tras el robo de más de 30 animales en los últimos meses.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial ni intervención estatal definitiva, y el caso reaviva el debate sobre los límites entre propiedad privada y uso público de caminos en la Patagonia. La situación pone en evidencia la necesidad de resolver legalmente obras viales inconclusas para evitar conflictos similares en el futuro.