La recaudación nacional argentina experimentó en el primer bimestre de 2026 su peor registro en más de una década, con una caída real interanual de entre 7,5% y 9,7%, según informes de consultoras y organismos fiscales. Este descenso impactó de lleno en las transferencias de coparticipación a provincias y municipios, generando una presión inédita sobre las cuentas públicas locales.

En Mendoza, al menos tres comunas —General Alvear, Malargüe y Las Heras— solicitaron adelantos de coparticipación al gobierno provincial para afrontar compromisos financieros, principalmente vinculados a obras públicas y gastos de capital. "El adelanto de coparticipación es una herramienta ventajosa, porque se devuelve en cuotas y sin intereses", explicó Alejandro Molero, intendente de General Alvear, quien detalló que la caída de ingresos se debe tanto a la baja recaudación nacional como a la merma en el consumo local.

La situación se repite en otras provincias. En Jujuy, la caída de la coparticipación y la presión salarial derivaron en protestas de policías y docentes, quienes reclaman aumentos que los gobiernos provinciales consideran difíciles de afrontar. "Con siete meses de retroceso acumulado, la capacidad de las provincias para sostener servicios básicos, salarios y obra pública se encuentra bajo una presión sin precedentes", advirtió la diputada oficialista María Teresa Agostini.

El deterioro fiscal se explica, en parte, por la caída de impuestos clave como el IVA y los derechos de exportación, afectados por la reducción de la carga tributaria al sector agropecuario y la menor actividad económica. Solo el impuesto a los combustibles mostró un crecimiento real en la recaudación.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, insistió en la necesidad de una reforma del sistema de coparticipación que premie la eficiencia fiscal y fomente el desarrollo del sector privado. Desde el gobierno nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la caída a factores transitorios y estimó que la recaudación podría mejorar en los próximos meses, aunque las provincias se muestran cautas ante esa perspectiva.

En este contexto, los gobiernos locales extreman la prudencia en el manejo del gasto y advierten que la continuidad de obras y servicios dependerá de la evolución de los ingresos. Mientras tanto, sindicatos y gremios estatales mantienen sus reclamos salariales, en un escenario de alta inflación y creciente tensión social. El debate sobre la reforma de la coparticipación y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento se instala así en el centro de la agenda política y económica argentina.