El empresario Marcelo Porcel, hijo del fundador de Argencard y exconcesionario de Oh! Buenos Aires, enfrenta una investigación judicial por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores cometidos contra al menos diez adolescentes, compañeros de colegio de su hijo en el barrio porteño de Palermo. Las denuncias, formalizadas entre 2022 y 2024, describen un patrón de conducta en el que Porcel habría captado la confianza de los jóvenes mediante invitaciones a su domicilio, oficinas y viajes, donde los incentivaba a consumir alcohol, participar en apuestas online y realizar desafíos a cambio de dinero o regalos.

Según los testimonios recabados en Cámara Gesell y los peritajes informáticos, el empresario organizaba reuniones en las que los menores eran filmados sin su consentimiento, incluso en situaciones de desnudez. Una de las pruebas más contundentes es la aparición de imágenes de un adolescente tomadas con una cámara oculta en una ducha. Además, los relatos coinciden en que Porcel ofrecía masajes y realizaba tocamientos bajo pretextos deportivos o recreativos, extendiéndose a conductas de abuso sexual.

La causa, a cargo del juez Carlos Bruniard y el fiscal Pablo Turano, avanza con la acumulación de pruebas y la declaración de las víctimas, aunque hasta el momento Porcel no ha sido citado a indagatoria ni detenido. El empresario, actualmente en Uruguay con autorización judicial, tiene una restricción de acercamiento de 300 metros respecto de las víctimas y no puede asistir al colegio ni al club donde los menores practican deportes.

El colegio Palermo Chico, donde ocurrieron los hechos, activó los protocolos de protección y comunicó a las familias las medidas adoptadas, mientras que la familia Porcel ya no forma parte de la comunidad educativa. El abogado de las familias denunciantes criticó la lentitud de la justicia y advirtió sobre el riesgo de que el acusado pueda buscar nuevas víctimas.

Porcel, por su parte, niega los hechos y sostiene que las pericias no comprobaron abuso, según declaraciones recogidas por la prensa. El caso ha generado un fuerte debate sobre la protección de menores en ámbitos privados y la respuesta del sistema judicial ante delitos sexuales de alto perfil. Se espera que, una vez completadas las declaraciones de las víctimas, el juez defina la convocatoria judicial del imputado, en un proceso que permanece bajo secreto de sumario.