En una sesión marcada por la tensión y la negociación política, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el pago a los holdouts y avanzó en el debate del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Súper RIGI), dos iniciativas consideradas estratégicas por el Gobierno nacional. El pago a los holdouts, que autoriza el desembolso de 171 millones de dólares a bonistas que no ingresaron a los canjes tras el default de 2001, fue aprobado con 139 votos a favor y 97 en contra, convirtiéndose en ley.

El oficialismo logró el quórum necesario gracias al respaldo de bloques aliados y la presencia clave de Adrián Ravier, quien ocupó su banca hasta el inicio de la sesión y luego presentó su renuncia, siendo reemplazado por Martín Matzkin. La sesión, que se extendió por más de 10 horas, estuvo atravesada por intensos cruces entre oficialistas y opositores, especialmente en torno al Súper RIGI.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, propone beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, con el objetivo de atraer capitales extranjeros y desarrollar sectores emergentes. Entre los principales puntos, el Súper RIGI reduce la alícuota de Ganancias al 15%, libera exportaciones e importaciones desde el primer día y exige inversiones mínimas de gran escala.

La diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) cuestionó la iniciativa al afirmar que "Argentina necesita inversiones, pero no a costa de la industria nacional y el empleo argentino". Por su parte, Juan Grabois advirtió que "se están creando verdaderas zonas liberadas para la tecnoestructura". Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro alertó sobre el riesgo de "una plutocracia" y la consolidación de privilegios para grandes empresas.

El oficialismo defendió el régimen como una herramienta fundamental para modernizar la matriz productiva y generar empleo, mientras que empresarios y gobernadores observan con expectativa el posible impacto en sus provincias. El debate se produce en un contexto de tensiones políticas, tras el intento fallido de interpelación al vocero presidencial y la necesidad del Gobierno de consolidar consensos parlamentarios.

El Súper RIGI amplía el régimen aprobado en 2024 y, según datos oficiales, ya existen 16 proyectos aprobados por casi 30.000 millones de dólares, principalmente en minería y energía. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el costo fiscal y el impacto real en el empleo y la industria nacional. El desenlace de la votación será clave para el rumbo económico y político del país en los próximos años.