Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, cumplió este 17 de junio un año bajo prisión domiciliaria en su departamento del barrio Constitución, en Buenos Aires, tras ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. La decisión de mantener la detención domiciliaria fue ratificada por el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu, quien consideró que la exmandataria ha cumplido con las condiciones impuestas, según informes de los organismos de control.

Durante este año, Cristina Kirchner ha permanecido bajo vigilancia electrónica y con un régimen de visitas restringido, más severo que el de la mayoría de los detenidos bajo la misma modalidad. Las únicas salidas autorizadas han sido por motivos médicos, y el tribunal ha emitido advertencias por episodios como la exhibición de banderas desde su balcón. La exmandataria, según su entorno, ha atravesado distintos estados de ánimo, especialmente tras una internación por peritonitis a fines de 2025, y ha reducido su exposición pública, aunque mantiene actividad política y contacto con allegados.

El caso sigue generando fuerte impacto político. Sectores del peronismo denuncian que se trata de una proscripción política y reclaman su habilitación para competir en futuras elecciones, mientras que la Justicia y sectores opositores defienden la validez de la condena. La Corte Suprema confirmó la sentencia en 2025, rechazando el cargo de asociación ilícita pero ratificando la administración fraudulenta. Además, Cristina Kirchner enfrenta otros procesos judiciales, como las causas Cuadernos, Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.

El régimen restrictivo de visitas y la vigilancia han sido señalados por sus defensores como un intento de disciplinar políticamente al kirchnerismo. Sin embargo, la exmandataria continúa influyendo en la vida política argentina, participando en debates internos del peronismo y manteniendo su centralidad en la agenda pública. El futuro de su situación judicial y política sigue siendo incierto, con propuestas de revisión parlamentaria y eventuales apelaciones ante organismos internacionales.