La Justicia federal de Mendoza dictó condena este jueves en uno de los casos más complejos de los últimos años, al sentenciar a un ex dirigente y a un ex barra brava de Independiente Rivadavia, junto a otros implicados, por extorsión agravada a un ciudadano boliviano vinculado al narcotráfico. El Tribunal Oral Federal N°1 impuso nueve años de prisión e inhabilitación de doce años a Leonardo Ernesto López, ex dirigente del club, por su rol como autor del delito de extorsión agravada por el uso de arma de fuego. Junto a él, Cristian Damián “Nano” Jofré Montenegro, ex jefe de la barra brava, Gabriel Obredor Rojas y Carlos Guillermo Carrizo recibieron penas de cinco años, mientras que Edgardo Javier Corvalán Fernández fue condenado a cinco años y medio de prisión y multa.

El caso se inició el 14 de febrero de 2024, cuando una mujer denunció el secuestro de su pareja, Nalver Nieves López, un ciudadano boliviano con doble identidad y antecedentes por homicidio en su país. Según la investigación, al menos tres hombres armados, vestidos como policías federales, interceptaron a la víctima cerca de su domicilio en Lavalle, Mendoza, y exigieron medio millón de dólares y estupefacientes a cambio de su liberación. Las comunicaciones incluyeron videos y audios enviados a la pareja, mostrando a la víctima bajo amenazas.

La pesquisa, liderada por el fiscal federal Fernando Alcaraz y la División Antisecuestros de Mendoza, permitió identificar a los responsables mediante cámaras de seguridad, análisis de comunicaciones y posicionamiento de celulares. El operativo derivó en el decomiso de una Renault Kangoo, dinero y, posteriormente, en el hallazgo de más de 46 kilos de drogas en distintos procedimientos.

La víctima fue liberada tras el pago parcial del rescate, pero luego desapareció junto a su pareja y no volvió a ser localizada. El juicio oral fue breve, ya que los acusados reconocieron su participación, lo que permitió simplificar el proceso y encuadrar el caso como extorsión agravada, dejando atrás la figura de secuestro extorsivo.

El caso puso en evidencia la conexión entre barras bravas, dirigentes deportivos y el crimen organizado en Mendoza, generando preocupación por la infiltración del narcotráfico en el fútbol y la sociedad local. Las autoridades destacaron la gravedad y el nivel de planificación del hecho, mientras que las defensas intentaron instalar la hipótesis de un autosecuestro o un ajuste de cuentas narco. La investigación permitió desbaratar una red de tráfico de drogas a gran escala, aunque la víctima principal permanece desaparecida.