El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, solicitó avanzar con el decomiso de 19 propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La medida, que forma parte de la condena por administración fraudulenta contra la exmandataria, también involucra más de 100 bienes de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez, por un monto total actualizado de $684.990.350.139,86.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó recursos para frenar la ejecución del decomiso, argumentando que los bienes de sus hijos tienen origen lícito y que la medida constituye un "acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial". Los letrados sostienen que no existen decisiones judiciales firmes sobre la cuantía ni sobre los bienes sujetos a la sanción penal, y advirtieron que recurrirán a organismos internacionales si se concreta la confiscación.

Por su parte, el fiscal Villar remarcó que el decomiso "no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme". Según el dictamen fiscal, la medida busca evitar la impunidad en casos de corrupción y privar a los condenados del producto de sus actividades delictivas.

La orden de decomiso fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2 en noviembre de 2025 y confirmada por la Cámara de Casación. La audiencia prevista para este viernes fue reemplazada por presentaciones escritas de las partes, y ahora los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deberán resolver el destino de los bienes en los próximos días.

La causa Vialidad, que involucra la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz a empresas vinculadas a Báez, llevó a la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La exmandataria cumple actualmente prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires. El fallo quedó firme en junio de 2025, tras el rechazo de la Corte Suprema a los recursos extraordinarios presentados por la defensa.