La disputa judicial por el futuro de los bienes de la familia Kirchner alcanzó un punto crítico esta semana, cuando la Cámara Federal de Casación Penal quedó a un paso de decidir sobre el decomiso de 111 propiedades, incluidas 19 a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida, impulsada por el Tribunal Oral Federal 2 tras la condena en la causa Vialidad, busca recuperar más de $684.000 millones vinculados a delitos de corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El fiscal ante Casación, Mario Villar, dictaminó que debe rechazarse el pedido de la defensa de Cristina Kirchner para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos y avanzar de inmediato con la ejecución. Villar remarcó que la condena quedó firme en junio de 2025 y que el decomiso es una consecuencia legal de la sentencia. "El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme", sostuvo el fiscal.

Por su parte, los abogados de la ex mandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentaron que la medida es "manifiestamente arbitraria" y que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner tienen origen lícito, sin relación directa con los delitos investigados. Además, denunciaron que la Justicia estaría aplicando un "modelo de decomiso amplio" no previsto en la legislación vigente, lo que podría constituir una confiscación encubierta prohibida por la Constitución.

El proceso incluye también la incautación de activos en dólares y propiedades vinculadas a sociedades familiares y al empresario Lázaro Báez. La fiscalía insiste en la necesidad de ejecutar el decomiso para evitar que la condena quede en una sanción simbólica y garantizar la recuperación de fondos públicos.

Mientras la Cámara de Casación analiza los recursos, el Tribunal Oral Federal 2 avanza con nuevas medidas para ampliar el alcance del decomiso. Se prevé que la disputa escale hasta la Corte Suprema e incluso a tribunales internacionales, dada la magnitud del caso y sus implicancias políticas y judiciales.