La muerte de Ángel López, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, conmocionó a la comunidad y al país. La autopsia reveló que el menor sufrió al menos 20 golpes en la cabeza, lesiones que derivaron en un edema cerebral y un paro cardiorrespiratorio fatal. Ante estos resultados, la Justicia imputó y dictó prisión preventiva a la madre del niño, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo.

Durante la audiencia de control de detención, González negó las acusaciones de maltrato y sostuvo que tanto él como Altamirano son inocentes. "Nosotros también queremos saber qué le pasó", declaró ante el tribunal, y aseguró que las correcciones hacia el niño eran similares a las de cualquier familia, negando episodios de violencia física o castigos extremos. Sin embargo, la fiscalía presentó testimonios de vecinos y familiares que describen una situación de violencia sistemática y descuido permanente hacia Ángel. Entre los relatos, se mencionó el uso de agua fría como castigo y la obligación de usar una máscara para ocultar lesiones.

El fiscal Facundo Oribones explicó que las lesiones detectadas en la autopsia fueron infligidas de manera voluntaria y no accidental, y que ocurrieron en los días previos a la muerte. El informe médico del hospital confirmó que el niño ingresó sin actividad cerebral y que los intentos de reanimación fueron infructuosos. Además, la querella denunció intentos de la pareja por destruir pruebas y una posible planificación de fuga.

La audiencia se realizó en medio de una fuerte movilización social, con vecinos y organizaciones exigiendo justicia por Ángel. El padre biológico del niño, representado por su abogado, cuestionó la versión de la madre y aportó testigos que refuerzan la hipótesis de maltrato. La Justicia dispuso la prisión preventiva de los acusados por seis meses, mientras avanza la investigación.

El caso reavivó el debate sobre la protección de la infancia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia de violencia familiar. Las próximas instancias judiciales serán clave para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los adultos involucrados.