La reciente graduación universitaria de Walter Denis Pereyra Fincatti, un interno condenado por abuso sexual contra una menor, generó una fuerte polémica en la provincia de La Rioja. El Servicio Penitenciario Provincial celebró públicamente el egreso de Pereyra Fincatti como licenciado en Psicopedagogía, calificándolo como un "hito inédito" en la provincia por tratarse del primer egresado universitario en contexto de encierro.

Pereyra Fincatti, quien antes de su condena se desempeñaba como docente, fue sentenciado a diez años de prisión por abuso sexual simple y promoción a la corrupción de menores, agravados por su rol de educador. Durante su tiempo en prisión, completó la carrera de Psicopedagogía en la Universidad Nacional de La Rioja, aprobando su última materia con una calificación de 8.

La noticia, difundida por las autoridades penitenciarias y acompañada de una imagen del egresado junto a la directora del organismo, Analía Tello, generó una ola de críticas en redes sociales y entre referentes sociales. Si bien la institución destacó el logro como un ejemplo de inclusión y reinserción social, muchos usuarios y profesionales cuestionaron la decisión de celebrar públicamente el éxito académico de una persona condenada por delitos sexuales contra menores.

El Colegio Profesional de Psicopedagogos de La Rioja emitió rápidamente un comunicado aclarando que Pereyra Fincatti no podrá matricularse ni ejercer la profesión en ninguna parte del país, debido a la exigencia de antecedentes penales limpios para la obtención de la matrícula. "No podrá matricularse en nuestra institución ni en ninguna otra del país", afirmó Sonia Galleguillo, presidenta del Colegio, quien también expresó su preocupación por el impacto de la comunicación institucional en las víctimas y sus familias.

La controversia llevó al Servicio Penitenciario a desactivar los comentarios en sus redes sociales ante la cantidad de críticas recibidas. El caso reavivó el debate sobre los límites de la reinserción social, el derecho a la educación en contextos de encierro y la responsabilidad de los organismos estatales al comunicar logros de personas condenadas por delitos graves. Se espera que la discusión continúe en el ámbito social y profesional, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos de las víctimas y la transparencia institucional.