El Senado de Entre Ríos se prepara para debatir en sesión especial la reforma previsional provincial, tras la emisión de dictámenes de mayoría y minoría que reflejan posturas contrapuestas sobre el futuro del sistema de jubilaciones. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que obtuvo el respaldo del oficialismo, declara la emergencia previsional por dos años, con posibilidad de prórroga, y establece un aumento de los aportes tanto para trabajadores activos con salarios superiores a tres millones de pesos como para los empleadores estatales.

Entre las modificaciones incorporadas al dictamen de mayoría se destacan la fijación de la edad jubilatoria en 65 años para varones y 60 para mujeres, el cálculo del haber inicial sobre los últimos 15 años de aportes y la creación de un aporte solidario adicional. Además, el proyecto otorga al Ejecutivo amplias facultades para modificar partidas presupuestarias y adoptar medidas extraordinarias para garantizar la sustentabilidad del sistema.

En paralelo, el bloque justicialista presentó un dictamen alternativo que rechaza la declaración de emergencia y propone que los cambios solo afecten a quienes ingresen al Estado provincial en el futuro, preservando los derechos de los actuales trabajadores. Esta iniciativa contempla la creación de un fondo especial financiado con aportes de la planta política, utilidades del juego online y multas, así como modificaciones en los regímenes especiales y una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El debate legislativo promete ser intenso, con posiciones encontradas entre quienes priorizan la sostenibilidad financiera y quienes advierten sobre posibles afectaciones a derechos adquiridos. "No hay derechos posibles si la Caja no puede pagar jubilaciones", sostuvo la senadora Gladys Domínguez, quien destacó las mejoras introducidas al proyecto original tras el trabajo parlamentario.

La reforma previsional en Entre Ríos se enmarca en un contexto de déficit creciente y busca equilibrar la necesidad de garantizar el pago de beneficios con la protección de los derechos previsionales. El resultado del debate podría marcar un cambio de paradigma en la legislación provincial y sentar precedentes para futuras reformas a nivel nacional.